Existe rezago en áreas como imagen urbana, servicios educativos y seguridad.

Para aprovechar al máximo los estímulos fiscales incluidos en el decreto para el municipio de Othón P. Blanco “también se requiere que el gobierno del estado destine más inversión para que la infraestructura pública sea palanca del desarrollo”, estimó Juan Jaime Mingüer, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Chetumal y Tulum.

El dirigente empresarial consideró “muy positivos” los estímulos fiscales que permitirán la disminución del IVA de 16 a 8% y de 30 a 20% en el ISR, pero los catalogó como “insuficientes” si no vienen acompañados de “medidas más ambiciosas” como mayor inversión en infraestructura en la región y mejores servicios públicos.

“El rezago en áreas tan sensibles como imagen urbana, servicios educativos y, principalmente, en materia de seguridad, opacan estos estímulos fiscales que, lejos de minimizarlos, los colocamos en su justo contexto”, precisó.

Por su parte, Diego Cortes Arzola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria Mexicana de la Construcción en Quintana Roo, comentó que la disminución del IVA y del ISR, así como la exención del Impuesto General a las Importaciones y del Derecho de Trámite Aduanero permitirán a Chetumal restablecer su condición de zona franca, al menos con países con los que no existen tratados de libre comercio.

“Con este conjunto de medidas fiscales los empresarios en la capital podremos tener un respiro tras los estragos de la pandemia”; incluso, consideró que “dado que los beneficios fiscales establecidos en los decretos tendrán vigencia hasta el 2024 se genera la certidumbre necesaria para que inversionistas de fuera traigan su capital.

Adelantó que “en los próximos meses lo que seguramente veremos serán alianzas y fusiones interempresariales de negocios locales con empresarios foráneos, de forma que se pueda aprovechar, por un lado, los beneficios fiscales y las exenciones de impuestos y, por el otro, el conocimiento y las relaciones locales intergubernamentales”.

El Economista